La Ley y la Justicia

Declarar la nulidad de las elecciones vía Legislación no es inconstitucional

2008-12-01T16:38:00.000-08:00

Con mucha preocupación he venido dando seguimiento al debate acerca de la pretensión de declarar la Nulidad de las recién pasadas elecciones por medio de una Ley Marco. Hasta el momento no he escuchado argumentos jurídicos sólidos de ninguno de los bandos. Por un lado el FSLN esgrime el arto. 168 de la Ley Electoral y por el otro solamente he escuchado argumentos como “el que puede lo más, puede lo menos” que siendo un aforismo jurídico seguramente debe de tener un asidero legal.

Debemos de entender que el Ordenamiento Jurídico es una red de disposiciones legales de diversa jerarquía que interactúan armónicamente para facilitar los procesos humanos de socialización. Es impensable que toda la amplia gama de las relaciones humanas se encuentre normada o regulada en un único instrumento jurídico. La Constitución Política de la República nos presenta un mínimo de garantías y disposiciones que permiten la Organización del Estado y los Derechos Fundamentales, individuales y colectivos, a ser respetados por los particulares y las Instituciones del Estado mismo.

¿Cómo interpretar las Leyes? ¿Cómo actuar cuando una situación jurídica aparenta no poder ser analizada bajo la luz de la legislación existente? ¿Cómo cubrimos los vacíos legales?

La respuesta a estas preguntas no está en la Constitución Política, está en los Rudimentos del Derecho, en sus Principios y, básicamente, en lo que se conoce como Disposiciones de Derecho Común. Talvez la disposición constitucional contenida en el arto. 32 Cn. sea la que mejor aclare el Principio Lógico – Jurídico de que: “Si algo no está prohibido expresamente, entonces se entiende que es permitido”, sería suficiente justificación para que la Asamblea Nacional pueda declarar mediante Ley una Nulidad de trascendencia histórica como la que entraña el Fraude Electoral que se trata de consumar en nuestro país; habida cuenta de que ninguna Ley expresamente lo prohíbe. Sin embargo, para abundar un poco más en explicaciones a los escépticos, en Nicaragua tenemos que el Título Preliminar de nuestro Código Civil recoge las disposiciones de Derecho Común relativas a la promulgación, efectos e interpretación de la Ley y también ahí encontramos una explicación jurídica concreta.

Así pues, tenemos que según nuestra legislación vigente: “Todos los actos ejecutados contra leyes preceptivas o prohibitivas son de ningún valor, si ellas no designan expresamente otro efecto para el caso de su contravención” y que: “Cuando la Ley declara nulo un acto con el fin expreso o tácito de precaver algún fraude o de proveer a algún objeto de conveniencia pública o privada, no se dejará de aplicar la Ley, aunque se pruebe que el acto que ella anula no ha sido fraudulento o contrario al fin de la Ley.” (Numerales X, XI y XII del § III del Título Preliminar del Código Civil vigente; y estas disposiciones tienen cabida de conformidad con el arto. 192 de la Ley Electoral: “En todo lo que no esté aquí previsto se aplicarán las disposiciones conducentes de la presente Ley, y en su defecto de las otras leyes que en relación contribuyan a resolver la cuestión existente…”; obviamente nuestra Ley Electoral no previó un fraude metódico, sistematizado y descarado como el que enfrentamos.

Ha sido hartamente probado y denunciado que el Consejo Supremo Electoral, en cada una de sus Instancias Administrativas, mediante mecanismos de fuerza y facto, quebrantó las leyes preceptivas que se establecen en la Ley Electoral; entre otros: Suprimiendo la Observación Electoral (arto. 10 8)), Aplicando selectivamente, a conveniencia, el arto. 41, Publicando Resultados Provisionales Incompletos, en bloque y no Junta por Junta (artos. 129, 160 y 166 LE), Restringiendo la labor de los Fiscales (Artos. 28, 29 y 127 LE), Cerrando JRV antes de la hora legal (arto. 114 LE), Anulando ilegalmente votos válidos (arto. 125 LE), etc.

La violación de todas esas disposiciones legales no tiene prevista sanción alguna en la Ley Electoral (que es eminentemente preceptiva) y, por ende, todos los actos realizados son “de ningún valor” es decir: Nulos, de conformidad con las normas generales previamente citadas y no queda más a los “Padres de la Patria” que declarar dicha nulidad en aras de preservar el Estado de Derecho y la Paz Social, una vez declarada la Nulidad mediante Ley nada, ni nadie (como hemos visto), puede impedir que la misma se cumpla, ni siquiera la Corte Suprema de Justicia porque no existiendo una disposición constitucional expresa que prohíba a la Asamblea Nacional tal proceder, no puede hablarse de Violación Directa a la Constitución, amén de que el camino que queda al CSE es el de promover un caso de “Conflicto de Poderes” y no un Recurso por Inconstitucionalidad, aunque el aparente afectado sea el FSLN, de tal suerte que no puede suspenderse ni el trámite de la Ley, ni la aplicación de la misma una vez decretada.

No podemos olvidar que de conformidad con el artículo 2 de la Constitución Política de Nicaragua: “…la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos; que el poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal igual, directo y secreto…”, quienes son precisamente los Diputados y no otros.

Allanamiento en oficinas de ONG's

2008-10-11T20:15:00.000-07:00

Delincuentes a la calle

2008-10-08T15:27:00.001-07:00

Eloisa Ibarra | eibarra@elnuevodiario.com.ni

El Presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, afirmó que no son los diputados los responsables de la salida de asesinos y narcotraficantes, sino que los jueces y magistrados que violan la ley al hacer un “cóctel de códigos penales” y aplicar a la vez el nuevo y el viejo de forma ilegal, para beneficiar a narcos y criminales.

Un día antes, el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rafael Solís, y representantes de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic), responsabilizaron a los diputados por haber sido ellos quienes aprobaron el Código con beneficios para asesinos y narcotraficantes.

Pallais dijo que los jueces hacen una combinación de los beneficios del Código viejo con los del nuevo, para favorecer a delincuentes peligrosos y que, por ejemplo, no es factible que asesinos como los del matrimonio Arévalo-Lara hayan salido con sólo doce años de condena cumplida.

No caben combinaciones

“Ningún juez ni magistrado puede aplicar dos leyes a la vez o aplica el código viejo o el nuevo, pero no puede haber una combinación porque es totalmente ilegal, una violación a la Constitución”, dijo Pallais, tras expresar que eso lo sabe cualquier abogado.

“El juez tiene que escoger cuál de los dos códigos aplica, no pueden hacer un cóctel y decir: este pedacito de éste y este pedacito del otro, porque es ilegal, y por eso quieren crear una cortina de humo para justificar lo injustificable”, afirmó el legislador, quien es abogado.

Eso es jurídicamente absurdo, nunca lo ha dicho el legislador. Se deben ver las agravantes, la peligrosidad del reo. El in dubio pro reo, agregó Pallais, no tiene nada que ver con la “charanga” que están haciendo.

Ellos (Poder Judicial) están haciendo una aplicación indebida de penas y lo saben bien, pero le echan la responsabilidad a los diputados para encubrir las salidas escandalosas de asesinos y narcos, dijo Pallais.

En medio de la discusión y la responsabilidad que ambos poderes se achacan por la salida de asesinos y narcotraficantes, está la realidad, y es que la disminución de las penas para algunos delitos graves y el aumento para otros no tan graves, tuvo motivaciones políticas y económicas.

El jueguito para favorecer a Alemán

Por ejemplo, el delito de lavado de dinero, cuya pena era de cuatro a 25 años de presidio, pasó de cinco a siete años de prisión, y para nadie es un secreto que la reforma fue para beneficiar al ex presidente Arnoldo Alemán, quien tiene una condena de 20 años de presidio por lavado de dinero.

La reforma beneficia automáticamente a Alemán, por el principio constitucional que establece que la ley es retroactiva cuando beneficia al reo y ahora los 20 años se transforman en siete. Pero también beneficiará a los delincuentes del crimen organizado que cometan o hayan cometido ese delito. Cuando el lavado de dinero esté ligado al narcotráfico, la pena será de siete a 15 años de prisión.

Los diputados también bajaron la pena para el delito de asesinato que pasó de 15 a 30 años, a ser de 15 a 20 años, y solamente cuando concurran dos o más de las circunstancias siguientes: alevosía; ensañamiento; precio, recompensa o promesa remuneratoria, se impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión.

La pena por violación pasó de 15 a 20 años a ser una pena de 8 a 12 años, o sea que la pena máxima será menor de lo que era la mínima, y sólo cuando se trate a menores será de 12 a 15 años. Los diputados no sólo bajaron penas para delitos como el asesinato, el lavado de dinero y la violación, sino que consideraron que es más grave robar ganado (delito de abigeato) que lesionar gravemente a una persona.

Así como la pena de lavado de dinero bajó para favorecer a Alemán, los diputados aumentaron la pena para el delito de abigeato, que pasó de dos a siete a años a ser de tres a 18 años de prisión para congraciarse con los ganaderos que así lo demandaron ante la Asamblea Nacional.

Fue así, bajo intereses políticos y económicos, que los diputados consideraron que es más grave robar o matar una vaca que violar a una mujer, lesionar gravemente a una persona al punto de que pierda un miembro, quede deforme, estéril o impotente, o que el crimen organizado utilice el país para lavar dinero.

La pena por una lesión gravísima a otra persona que la deje deforme, sin un miembro, estéril o impotente es de tres a diez años, pero si un funcionario comete abigeato se le impone una pena de cuatro a 18 años de prisión.

Pueden suspender pena hasta 5 años

Pero además de que se bajaron las penas, en el nuevo Código se estableció que los jueces o tribunales sentenciadores podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad de hasta cinco años mediante resolución motivada; para ello atenderán fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto.

El Código también establece la libertad condicional en las penas de prisión que excedan los cinco años, para aquellos sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes: que hayan cumplido las dos terceras partes de la condena impuesta; que hayan observado buena conducta, y exista, respecto de los mismos, un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social emitido por las autoridades penitenciarias.

La combinación de bajar penas a delitos graves, más estos beneficios legales, sumados a la combinación de la aplicación de los dos códigos a la vez, está dejando como resultado la libertad de asesinos, narcotraficantes y les seguirán los violadores.

Alberto Boschi es inocente

2008-10-08T14:15:00.000-07:00

Delitos confesos de Ministro de Hacienda de Nicaragua

2008-10-04T16:10:00.000-07:00

El caso Canda en Costa Rica

2008-09-14T15:41:00.001-07:00

Justicia inaccesible, denuncia Wilmor López

2008-05-31T10:26:00.001-07:00

A nuestro correo electrónico llegó esta denuncia que consideramos necesario publicar para solidarizarnos con estas nuevas víctimas de la arbitrariedad y la Injusticia que se han enseñoreado sobre nuestro país a causa del pacto de Daniel Ortega y Arnoldo Alemán.

La Justicia en Nicaragua,

inclinada hacia la delincuencia

Wilmor López

Escribo estas líneas para hacer del conocimiento público, un aberrante fallo, un juicio realizado en el juzgado cuarto de distrito penal de audiencia circuncisión Managua, el miércoles 14 de mayo donde se dió libertad a 3 delincuentes, con cargos de homicidio frustrado, asociación ilícita para delinquir y robo con intimidación. El caso lo documentó con suficientes elementos de prueba en trabajo conjunto con la Policía , la Licenciada Mirna Siles, del Ministerio Publico en el Distrito VI, en el expediente fiscal 2658-08.

El día sábado 10 de mayo a eso de las 9.30 de la noche Joe López, mi hermano parqueaba su vehículo en la puerta de sus oficinas situadas en Villa Flor norte, cuando 4 delincuentes armados le dispararon de muerte, perforándole un pulmón y la médula espinal para robarle la camioneta Hilux y otras pertenencias. Los agentes de Policía de la estación 6 actuaron de forma eficientísima y capturaron el día lunes 12 en horas de la mañana a 3 de los malhechores en una casa en las inmediaciones del mercado Iván Montenegro, al momento que desmantelaban el vehículo, la policía les encontró el arma utilizada por los ladrones y documentación personal de Joe además de la camioneta. Esta captura y las evidencias fueron trasmitidas por el canal 8 y el canal 10 de televisión y fue fotografiada y reportada por el Nuevo Diario y el Diario Hoy.

Sin embargo cuando el caso fue trasladado Juzgado Cuarto con expediente judicial número 004486-08 todas las pruebas antes mencionadas fueron consideradas insuficientes para la jueza Martinez.

Mi hermano Joe López está paralizado de sus extremidades inferiores y aún hospitalizado, un caso documentado y publicado en su momento por los medios de comunicación pero la jueza Martha Martínez lo desestimó, el robo, posesión de armas, homicidio frustrado, etc. No son delitos para ella? esas pruebas no ameritaban ni siquiera prisión preventiva ni arresto domiciliar. ¿O es que la debilidad está en el nuevo un Código Procesal Penal?

Quisiera preguntar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia ¿Quién controla estas acciones a todas luces equivocadas e injustas, quién califica la acción de los jueces porque en este caso la señora juez Martha Martínez, está aplazada. Considero que un juicio es un acto serio para tomarlo con ligereza y por tanto, se requiere de jueces serios, responsables y profesionales.

Denuncio la injusticia, la frialdad e impericia de la Jueza.

Estamos indefensos a merced de la delincuencia y la mediocridad.

Estos criminales están sueltos, libres para seguir haciendo fechorías.

¿Quién será al próxima victima?